Investigación de solvencia: sepa cuánto vale realmente su adversario

Redactado por Guillaume Pouillier, detective privado con licencia CNAPS n.º AGD 095-2024-03-06-20190240581 · Última actualización: 15 de julio de 2026

Una sentencia vale lo que vale el patrimonio de quien debe cumplirla. Abogados, agentes de ejecución, departamentos de cobro, arrendadores y empresas nos hacen la misma pregunta antes de comprometer gastos: ¿merece la pena? La investigación de solvencia responde con hechos, con una tarifa plana conocida de antemano, una de las pocas publicadas del mercado. Esta página explica qué cubre la investigación, qué contiene el informe, el marco legal y el precio exacto.

¿Qué es exactamente una investigación de solvencia?

Una investigación legal que establece la capacidad real de pago de una persona física o jurídica: situación profesional e ingresos aparentes, bienes visibles, tren de vida, procedimientos en curso, indicios de insolvencia organizada. Ilumina la decisión de actuar, o de renunciar a tiempo.

A diferencia de un score crediticio o una base de datos de empresas, la investigación de solvencia no se limita a compilar lo que consta: confronta lo declarado con lo real. Una sociedad con un balance halagador puede ser un cascarón; un particular «sin recursos» puede conducir un coche reciente y viajar al extranjero. Nuestros investigadores con licencia CNAPS documentan lo que los ficheros no muestran.

También se distingue de la investigación patrimonial, más profunda, que inventaría los activos embargables uno a uno: la solvencia responde a «¿puede pagar?», el patrimonio a «¿dónde embargar?». Ambas se combinan a menudo.

¿En qué casos solicitarla?

Antes de demandar, para comprobar que el juicio tendrá contrapartida; antes de firmar, para calibrar a un socio, inquilino o comprador; antes de relanzar un cobro, para elegir entre ejecución, fraccionamiento o abandono; antes de transigir, para negociar al nivel justo.

• Abogados y contenciosos: calibrar una demanda, valorar un embargo preventivo, preparar la ejecución de la sentencia venidera
• Agentes de ejecución: orientar las medidas hacia lo que realmente existe
• Empresas: cliente importante, proveedor estratégico, candidato a una adquisición, verificar antes de exponer la tesorería
• Arrendadores: atrasos de alquiler, elección entre procedimiento y plan de pagos, vea también alquileres impagados
• Particulares: préstamo familiar importante, pensión impagada, indemnización nunca cobrada

¿Qué contiene concretamente el informe?

La identidad verificada y la dirección real, la actividad profesional y el empleador aparente, los inmuebles y vehículos visibles, las estructuras societarias vinculadas, el tren de vida constatado, los procedimientos publicados, y una síntesis clara: solvente, parcialmente solvente, insolvente aparente o insolvencia sospechosa.

Cada apartado tiene su fuente: registros públicos (incluidas las publicaciones legales y el registro mercantil), observaciones de terreno, fuentes abiertas. El informe también señala lo que merece una segunda mirada, una transmisión inmobiliaria reciente a favor de un allegado, una actividad continuada bajo otra estructura, una residencia declarada que no corresponde a la vida real.

¿Cómo procedemos y en qué marco legal?

Fuentes abiertas, registros públicos y verificaciones de terreno, con licencia CNAPS y conforme al RGPD (interés legítimo: preservar o ejecutar un derecho). Ningún acceso a ficheros bancarios o fiscales, el registro FICOBA queda reservado al agente de ejecución con título ejecutivo.

Ahí está precisamente la complementariedad: con un título, el agente de ejecución francés (commissaire de justice) puede consultar FICOBA para hallar las cuentas; lo que no puede es pasar tres tardes comprobando que un «insolvente» dirige de hecho el comercio registrado a nombre de su pareja. Nosotros hacemos ese segundo trabajo, el de la realidad, y el agente hace el suyo, cada uno en su marco.

En concreto: análisis documental (publicaciones legales, anuncios, prensa), OSINT (actividad en línea, anuncios de bienes, signos externos) y observaciones selectivas en el espacio público. El informe precisa la fuente de cada constatación, condición de su oponibilidad.

¿Cuánto tiempo se necesita y cómo empezar?

Cuente de dos a cuatro semanas para una investigación completa, menos para una verificación simple. Usted nos transmite la identidad del deudor, los elementos del expediente y su objetivo; el encuadre escrito sale en 24 horas y la investigación arranca al validarse el presupuesto.

1. Consulta confidencial gratuita: validamos juntos que la investigación tiene sentido para su expediente, si no, se lo decimos.

2. Encuadre escrito: perímetro, tarifa plana, plazo. El interés legítimo queda documentado en el mandato.

3. Investigación: trabajo documental, fuentes abiertas, terreno, con punto de control al llegar los primeros resultados.

4. Informe: síntesis decisoria al principio, constataciones con fuentes después, entregado solo a usted o a su abogado.

¿Particular o empresa: cambia el método?

El principio es el mismo; las fuentes difieren. Para una empresa: cuentas depositadas o no, publicaciones legales, administradores cruzados, sedes reales frente a sedes de domiciliación. Para un particular: empleo aparente, inmuebles visibles, vehículos, tren de vida constatado. En ambos casos, lo real pesa más que lo declarado.

Las personas jurídicas dejan una huella documental rica: inscripciones, cuentas anuales (o su ausencia repetida, ya una señal), gravámenes y prendas publicados, vínculos de capital con otras estructuras. Nuestro trabajo consiste en cruzar ese material con el terreno: ¿existe el almacén anunciado?, ¿corresponde la plantilla declarada a las idas y venidas?, ¿continúa bajo otro rótulo la actividad oficialmente durmiente?

Las personas físicas exigen lo contrario: pocos documentos públicos, mucha observación. Dirección real (a menudo distinta de la declarada), empleo efectivo, bienes usados a diario, signos externos duraderos y no apariencias puntuales. Es el corazón del oficio del detective, y lo que ninguna base de datos podrá sustituir.

Dos expedientes típicos, anonimizados

Un contratista condenado e «insolvente» cuya actividad continuaba bajo la sociedad de su hermano, ejecución reorientada, deuda recuperada; un candidato a la compra de un negocio cuya riqueza aparente descansaba sobre sociedades durmientes, venta suspendida antes de la firma.

El empresario reaparecido. Tras una sentencia contra un contratista, las primeras medidas de ejecución vuelven vacías: sin actividad, sin dirección. La investigación establece que dirige de hecho una nueva estructura registrada a nombre de su hermano, con las mismas obras y el mismo vehículo. El expediente vuelve al agente de ejecución sobre bases concretas y la deuda se recupera por etapas.

El comprador con prisas. Un comerciante está a punto de vender su negocio a un comprador insistente, de referencias brillantes. La investigación revela sociedades sin actividad real, dos procedimientos en curso y un tren de vida financiado a crédito. La venta se suspende, y el vendedor evita financiar, de hecho, a su propio comprador fallido.

¿Cuánto cuesta?

Nuestra investigación de solvencia tiene tarifa plana publicada: 850 € + IVA de apertura de expediente y un saldo de 750 € a la entrega del informe, es decir, 1 500 € + IVA como máximo (sin el módulo inmobiliario). La primera consulta es gratuita y confidencial.

Si desea ampliar la misión al inventario de bienes, cada inmueble identificado se factura 250 € + IVA adicionales, vea la investigación patrimonial. Las verificaciones simples y los expedientes en volumen reciben presupuesto a medida.

Ver la lista completa de tarifas.

Preguntas frecuentes