Investigación patrimonial: saber dónde embargar antes de golpear

Redactado por Guillaume Pouillier, detective privado con licencia CNAPS n.º AGD 095-2024-03-06-20190240581 · Última actualización: 15 de julio de 2026

La investigación patrimonial es la prolongación natural de la investigación de solvencia: donde esta responde «¿puede pagar?», aquella responde «¿dónde embargar y en qué orden?». Abogados, agentes de ejecución y acreedores la utilizan en los dos momentos decisivos de un litigio: antes, para garantizar el crédito mediante una medida cautelar; después, para convertir el título en pago efectivo. Así procedemos, esto contiene el informe y esto cuesta, por bien identificado, con tarifa publicada.

¿Para qué sirve una investigación patrimonial antes de la sentencia?

Para asegurar el crédito mientras el juicio sigue su curso: el embargo preventivo y las garantías judiciales (art. L511-1 del Código francés de procedimientos civiles de ejecución) exigen designar bienes concretos. La investigación los identifica, participaciones visibles, inmuebles, negocios, vehículos, antes de que el adversario los haga desaparecer.

El tiempo judicial es largo, y el adversario avisado lo aprovecha: el inmueble pasa a un allegado, el negocio se cede, el coche se «vende». Una solicitud de medidas cautelares presentada pronto, apoyada en un inventario preciso, congela la situación: el juez de la ejecución autoriza el embargo preventivo cuando el crédito parece fundado y su cobro amenazado, dos condiciones que nuestro informe contribuye precisamente a establecer.

Es un trabajo de orfebre: cada bien designado debe identificarse sin ambigüedad (dirección, referencias visibles, indicios de propiedad) para que el acto del agente de ejecución surta efecto.

Y después de la sentencia: ¿cómo pasar del título al pago?

El título ejecutivo abre las medidas de ejecución, pero hay que saber hacia dónde dirigirlas. Nuestro inventario orienta al agente: embargo de créditos donde se constata la actividad real, embargo inmobiliario si aparece un bien, embargo y venta selectivos sobre lo que realmente existe.

El agente de ejecución con título dispone de prerrogativas poderosas, incluida la consulta del registro FICOBA para las cuentas bancarias. Lo que los ficheros no le dan es lo real: el deudor «sin recursos» que explota un comercio a nombre de un tercero, el vehículo de valor aparcado cada noche en la misma dirección, el piso alquilado cuyas rentas caen en otra parte. Nosotros documentamos esa parte invisible, y su ejecución deja de ser una lotería.

Para encontrar al propio deudor antes de buscar sus bienes, vea la localización de deudores, ambas misiones se combinan con frecuencia.

¿Qué inventariamos exactamente?

Los inmuebles aparentes (viviendas, pisos alquilados, locales profesionales), los vehículos y muebles de valor, las estructuras societarias y fondos de comercio, la actividad económica real, los ingresos aparentes, y las transmisiones recientes que dibujan una insolvencia organizada.

Cada bien tiene su ficha: descripción, localización, fuente de la constatación, grado de certeza. Su abogado sabe de un vistazo qué es accionable.

¿Cómo detectamos una insolvencia organizada?

Por la cronología: bienes que cambian de manos al acercarse el litigio, una actividad continuada bajo una estructura a nombre de un allegado, un tren de vida sin relación con los recursos declarados. Organizar fraudulentamente la propia insolvencia es delito en Francia (art. 314-7 del Código penal), siempre que se documente.

El esquema se repite: desde el primer requerimiento, el deudor avispado «se empobrece». La casa pasa al cónyuge, el coche al hijo, la actividad a una sociedad nueva. Aislado, cada acto se defiende; puesto en cronología frente a las etapas del procedimiento, dibuja la intención. Nuestro informe reconstruye esa línea temporal, fechas de los actos, fechas de los requerimientos, y da a su abogado la materia de una acción revocatoria (art. 1341-2 del Código civil) o de una querella penal.

Las fuentes abiertas son aquí decisivas: anuncios de venta, publicaciones sociales, comercio en línea bajo otro nombre.

Un punto de vigilancia: la acción revocatoria prescribe y, en los actos a título oneroso, exige demostrar que el tercero adquirente conocía el fraude. Cuanto antes se documenta la cronología, más simple es la demostración, una razón más para no esperar a que la ejecución fracase antes de investigar.

¿En qué marco legal se inscribe la investigación?

Licencia CNAPS, interés legítimo documentado (garantizar o ejecutar un crédito), fuentes exclusivamente lícitas: registros y publicaciones, fuentes abiertas, observación en el espacio público. Ningún acceso a ficheros bancarios, fiscales o catastrales reservados, y ninguna necesidad de ellos para ser eficaces.

La proporcionalidad guía cada expediente: no se inventaría el patrimonio de un particular por una deuda modesta como se prepara la ejecución de una condena importante. El mandato fija el perímetro, el informe cita sus fuentes, condición de admisibilidad ante el juez de la ejecución, y los datos brutos se destruyen en el plazo acordado, conforme al RGPD.

¿Cómo se desarrolla la misión y en cuánto tiempo?

Encuadre escrito en 24 horas, fase documental (una a dos semanas), verificaciones de terreno selectivas, informe final con una ficha por bien. Cuente de dos a cinco semanas según la extensión del patrimonio y la sofisticación del deudor, plazo fijado de antemano, punto de control sistemático.

1. Encuadre. El crédito, el título si existe, el historial del deudor, los bienes ya conocidos: partimos de su expediente, no de cero.

2. Documental. Publicaciones legales, registros, anuncios, prensa: la superficie patrimonial toma forma sobre el papel.

3. Terreno. Verificación de direcciones, constataciones de ocupación, actividad real: cada bien presunto se confirma o se descarta.

4. Informe. Una ficha por bien, cronología de las transmisiones, síntesis accionable, entregado a usted o a su abogado.

Dos expedientes típicos, anonimizados

Un excónyuge «sin patrimonio» cuyo piso alquilado cobraba rentas a través de una sociedad familiar, embargo de participaciones iniciado; un empresario condenado cuya casa acababa de «venderse» al hermano, acción revocatoria fundada en nuestra cronología, venta inoponible.

La sociedad demasiado discreta. En un litigio familiar, un excónyuge alega carecer de patrimonio. La investigación saca a la luz un piso alquilado a través de una sociedad familiar de la que posee la mayoría de las participaciones, rentas constatadas. Se inicia el embargo de las participaciones y la negociación se reanuda sobre bases realistas, el relato del «sin patrimonio» se derrumba en una sola vista.

La venta al hermano. Tres semanas después del requerimiento, la casa del empresario condenado se «vende» a su hermano, que nunca se mudó. Nuestro informe establece la cronología, la ocupación inalterada y la ausencia de mudanza. La acción revocatoria prospera: la venta se declara inoponible al acreedor y el embargo inmobiliario se reanuda.

¿Cuánto cuesta?

La investigación patrimonial se factura a 250 € + IVA por inmueble identificado, como complemento de una investigación de solvencia (tarifa plana de 1 600 € + IVA máx.). Un inventario patrimonial autónomo recibe un presupuesto escrito gratuito, calibrado según la extensión presumida del patrimonio.

Esta tarificación por bien identificado es deliberadamente incitativa: usted solo paga el módulo inmobiliario por lo que efectivamente se encuentra y documenta. Las verificaciones mobiliarias y societarias están incluidas en la tarifa de base.

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