Investigaciones inmobiliarias
Alquileres impagados: localizar y evaluar antes de demandar
¿Un inquilino que se fue sin pagar, un avalista ilocalizable, una deuda que crece? Antes de gastar en procedimientos, hay que saber dónde está el deudor y si es solvente. Nuestros detectives con licencia CNAPS realizan la investigación que hace rentable el cobro.
Demandar a ciegas sale caro. Una sentencia no vale nada si el deudor es ilocalizable o insolvente; muchos propietarios financian procedimientos que nunca producen un euro por falta de información. La investigación previa, localización y solvencia, le dice si conviene actuar, y por qué vía.
¿Qué hace exactamente el detective ante un impago de alquiler?
Dos cosas: encontrar al inquilino o al avalista (dirección real verificada in situ, empleador en su caso) y evaluar su capacidad de pago, ingresos visibles, actividad, nivel de vida, activos embargables. Así sabrá si merece la pena reclamar, y por qué canal.
La localización combina investigación de campo y fuentes abiertas: constataciones in situ, entorno profesional, huella administrativa y digital. La solvencia se documenta con un conjunto de indicios lícitos: situación profesional aparente, vehículos, bienes visibles, actividad declarada. Todo queda fechado y con fuentes en un informe que su abogado o agente de ejecución utiliza directamente, vea también nuestras investigaciones de solvencia y de localización de deudores, versiones B2B del mismo saber hacer.
¿Con qué rapidez hay que actuar?
Rápido. Las deudas de alquiler prescriben a los tres años según la ley francesa, las huellas se borran y un deudor móvil se reubica con más facilidad cuanto más tiempo pasa. Una investigación lanzada en las semanas siguientes a la marcha tiene las mejores probabilidades de éxito.
El reflejo correcto: en cuanto el inquilino deja de pagar o abandona la vivienda sin dirección, haga constar la situación (inventario, correo devuelto) y encargue la investigación en paralelo a las gestiones amistosas. Si hay que notificar un requerimiento de pago o una demanda, la dirección real que verificamos evita la notificación en el « último domicilio conocido », frágil y lenta. Con avalista, ambas pistas avanzan a la vez: basta con que uno de los dos sea solvente.
¿Qué pruebas obtienen y son admisibles?
Una dirección certificada por constatación in situ, un empleador identificado, un cuadro documentado del nivel de vida y de los activos visibles, obtenidos lealmente, desde el espacio público y las fuentes abiertas, conforme a la jurisprudencia constante desde 1962. El informe se presenta tal cual ante el juez competente.
No « encontramos » cuentas bancarias: el acceso directo está reservado a los procedimientos legales (FICOBA, mediante agente de ejecución con título ejecutivo). Lo que nuestro informe aporta es exactamente lo que esos procedimientos necesitan para prosperar: identidad cierta, dirección real, empleador para un embargo de salario. Esa es la diferencia entre una sentencia dormida y una deuda cobrada.
| Su situación | Lo que establecemos | Paso procesal típico |
|---|---|---|
| Inquilino ido sin dirección | Dirección real verificada | Notificación, requerimiento, demanda |
| Avalista ilocalizable | Localización + solvencia del avalista | Requerimiento, acción contra la garantía |
| Deuda antigua, deudor « insolvente » | Empleador, activos visibles, nivel de vida | Embargo de salario o de bienes |
| Duda antes del procedimiento | Informe de solvencia previo | Decisión de actuar, o de evitar gastos inútiles |
¿Por qué recurrir a un detective en lugar de buscar por su cuenta?
Porque las búsquedas personales se agotan pronto: las administraciones no responden a los particulares, las redes sociales engañan y una dirección sin verificar hace fracasar la notificación. Nuestros investigadores verifican in situ, en un marco legal que hace utilizable la prueba, y usted se mantiene a distancia del conflicto.
La proporcionalidad también cuenta: acosar a un deudor o hacerlo buscar por vías irregulares expone al propio arrendador. Nuestra intervención, enmarcada por la licencia CNAPS (art. L621-1 del Código de Seguridad Interior) y el secreto profesional (art. 226-13 del Código Penal), asegura el proceso de principio a fin. Los arrendadores institucionales y los administradores de fincas nos confían estos expedientes en volumen; los particulares reciben el mismo método, a la escala de una vivienda.
¿Cuánto cuesta?
Nuestras misiones empiezan en 85 € + IVA/hora (jornada completa 850 €, tarifa decreciente por volumen). Cada expediente recibe un presupuesto escrito gratuito antes de cualquier compromiso, sin costes ocultos.
Una localización simple se resuelve a menudo en unas pocas sesiones documentales; añadir el análisis de solvencia suele quedar por debajo de una jornada facturada. Compare ese coste con la deuda: unos cientos de euros de investigación deciden con acierto la suerte de varios miles de euros de alquiler.
Ver la lista completa de tarifas.
Preguntas frecuentes
Mi inquilino se fue sin dejar dirección: ¿qué pueden hacer?
¿Pueden consultar sus cuentas bancarias?
¿Cuánto tarda la localización?
¿El informe puede usarse ante el tribunal?
¿Trabajan para agencias y administradores de fincas?
Para profundizar
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